Los menores que cruzan la frontera de Estados Unidos, unos 60.000 desde octubre 2013 llegan en su mayoría huyendo de experiencias traumáticas, principalmente la violencia de las maras en el triángulo norte de Centroamérica. En el año fiscal pasado fueron 38.000. 

Los niños son un tipo de inmigrante que se aleja del típico indocumentado. Quieren ser detenidos, cuanto antes mejor. Es la manera de garantizarse encontrar a sus familiares en los EEUU. 

Lo único nuevo son los números. Es imposible deportarlos inmediatamente gracias a la protección especial que les da una ley promulgada por George W. Bush en 2008 contra el tráfico de personas, que obliga a escuchar su caso en un tribunal migratorio antes de decidir sobre su deportación. 

Tras ser detenidos, en 72 horas la Patrulla Fronteriza debe completar el trámite de denunciarlos a la migra y entregarles la notificación para presentarse en el juzgado.

La administración no da abasto, los casos tardan semanas en llegar a los tribunales y los centros de detención no están acondicionados para tener tantos niños por tantos días. Las limitaciones de los centros de detención son el cuello de botella que ha dado lugar a la crisis política y ha obligado al Gobierno federal a buscar otros lugares donde alojarlos en Arizona y California, a veces bases militares mal acondicionadas para esta función y que ya se están cerrando por eso mismo.

El objetivo de todo el procedimiento es juzgar al menor y, si es posible, deportarlo. Pero garantizando sus derechos como menor a estar protegido y en un ambiente adecuado. La Patrulla Fronteriza los entrega a la Oficina para la Reubicación de Refugiados, que los reparte en los centros de acogida.

Mientras están allí, las personas que dicen ser sus padres o familiares deben probar su identidad y que tienen medios para que vivan con ellos. Si no encuentran a nadie que se haga cargo de ellos, se quedan en el sistema de albergues públicos hasta que son mayores de edad o hasta que un juez decide su caso, con muchas posibilidades de ser deportados.

Para más del 80% de estos menores, el viaje acaba en casa de un familiar en EE UU. Según la Oficina federal para el Realojo de Refugiados, más de 30.000 niños fueron entregados a tutores legales desde octubre 2013 hasta principios de julio 2014, la mayoría a padres o familiares cercanos. 

Las mismas leyes que los protegen a este lado de la frontera intentan devolverlos a sus países.