El pasado viernes1 de agosto una delegación conformada por miembros del concilio LULAC 750 Little Rock, se reunió con Shane Broadway, Director del Departamento de Educación Superior de Arkansas (ADHE), para aclarar conceptos sobre las posibilidades de que los estudiantes aceptados en el programa de acción diferida (DACA) puedan pagar sus matriculas universitarias  como residentes del Estado (intra-estatales), y no como estudiantes internacionales que generalmente son mucho más caras.

La acción diferida para los llegados en la infancia o “DACA”,  fue una orden ejecutiva que el presidente Barack Obama firmó el 15 de junio del 2012, instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) posponer el proceso de deportación de ciertos jóvenes que calificaban, por dos años, otorgándoles un permiso temporal para permanecer en los EE.UU. y vivir y trabajar legalmente durante el tiempo que la concesión de acción diferida está en efecto.

La acción diferida es una especie de alivio administrativo, por el cual el DHS permite que un ciudadano no estadounidense permanezca en los EE.UU. temporalmente como “legalmente presente” sin confundirlo con “residencia legal”. La persona DACA puede solicitar un documento de autorización de empleo (permiso de trabajo) para el período durante el cual esté bajo la acción diferida.

La acción diferida se concede caso por caso y es una solución temporal y no ofrece un camino al estatus de residente legal permanente o a la ciudadanía. La acción diferida es válida por dos años (2012-14) y puede ser renovada en septiembre 2014 por un período adicional de dos años. 

Hasta la fecha, al menos 17 Estados de la Unión Americana aprobaron leyes que permiten a estudiantes DACA que han asistido y graduado en sus escuelas primarias y secundarias, pagar la misma matrícula intra-estatal que estudiantes residentes o ciudadanos en sus instituciones públicas de educación superior. 

Estos estados son California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Texas, Utah y Washington. 

Además, la Junta de Gobernadores para la Educación Superior de Rhode Island y la Junta de Regentes de la Universidad de Hawaii, votaron a favor de proporcionar la matrícula intra-estatal en las universidades públicas a ciertos estudiantes, sin importar su estatus migratorio.

La mayoría de los inmigrantes indocumentados viven en estos estados, y varios otros Estados más están considerando una autorización similar. En muchos de los Estados que ya lo han hecho, el apoyo ha sido fuertemente bipartidista y el voto abrumadoramente a favor.

Los estudiantes DACA no reciben beneficios sociales ni de salud, y tampoco pueden recibir becas de estudios ni ayuda financiera estatal o federal.

El panorama cambia cuando se trata del Seguro Social. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), las personas DACA pueden ser elegibles para un número de Seguro Social (SSN) que es requerido en las solicitudes de matricula universitaria y que sirve para ayudar a asegurar que el peticionario es un residente del Estado.

Lamentablemente en Arkansas las posibilidades de aprobar a nivel estatal una matrícula menos costosa para los estudiantes DACA, es una remota posibilidad por ahora. Principalmente porque el abogado del gobernador, Tim Gauger, sostiene que aún no hay suficiente jurisprudencia para justificar una directiva dell gobernador Mike Beebe,  para que las instituciones de educación superior reconozcan a los estudiantes DACA como residentes de Arkansas y les otorguen el derecho a pagar la matricula intra-estatal. 

Guager dice que quiere evitar que demanden judicialmente al gobernador Mike Beebe y/o al fiscal general Dustin McDaniel. Esto a pesar de que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han sostenido que DACA es una estatus legal para los fines de la educación superior. Pregunto: ¿Quién entablaría las demandas?

Durante la platica con LULAC, el director del ADHE, Shane  Broadway y su asesora legal, Janet Lawrence, afirmaron que la junta de fideicomisos de cada college y universidad en Arkansas, tienen la autoridad para establecer las matriculas intra-estatales para los estudiantes DACA, pero que no lo han hecho por temor a perder los subsidios federales que financian sus instituciones. Evidentemente hay varias maneras de “depellejar un conejo” y ya algunas universidades están aplicando argumentes “legales” para ayudar a los DACA. 

Sin embargo hay que reconocer que no son muchos los estudiantes DACA en Arkansas. Por ejemplo, el Comité LULAC 750 de selección de becarios 2014   recibió un total de 65 solicitudes de las cuales sólo 5 eran DACA (se otorgaron 32 becas).

Por otra parte algunas instituciones de educación superior están reportando una disminución el número de estudiantes matriculados (en particular Pulaski Tech y UALR) para el año escolar 2014-15, por lo cual cabe preguntarse si recibir el pago de una matricula intra-estatal de DACA es mejor o no, que no recibir ninguna matricula porque estos estudiantes no pueden pagar más.

Broadway y Lawrence acordaron enviar un memorando los colleges y universidades, recordándoles que sus juntas de fiduciarios tiene la autoridad para cambiar las reglas de las cuotas de matricula. 

Asimismo Broadway y Lawrence reiteraron que algunos estudiantes DACA no están preparados ni interesados  en ir a una universidad (4 años por lo menos) y que hay disponibles en Arkansas diversos programas de aprendices que les pueden enseñar en periodos mucho más cortos y más económicamente que en una universidad, un oficio que paga buenos salarios.

Por su parte la delegación de LULAC, buscara un legislador patrocinador para solicitar una entrevista con el fiscal general de Arkansas, Dustin McDaniel, y rever que la “condición legal” de los estudiantes DACA les debe permitir su acceso a las universidad de Arkansas, como residentes del estado y entonces pagando las matriculas intra-estatales.