La separación familiar provocada por deportaciones de mexicanos que vivían en Estados Unidos es un problema que el gobierno mexicano no ha atendido de manera oportuna y suficiente.

Así lo advierte el Instituto para las Mujeres y la Migración (IMUMI), al reseñar buena parte de la información disponible en la materia: de un rango de 400 mil deportados anuales –promedio del más reciente lustro– 5,100 niños y niñas quedaron, en 2011, bajo la custodia de la agencia de bienestar a la infancia de Estados Unidos, hijos de madres y padres detenidos o deportados.

Esta cifra es resultado de un estudio del Applied Research Center (ARC) y representa igual número de casos en que los padres deberían tener un debido proceso para eventualmente recuperar la custodia, sin importar su estatus migratorio.

Según el ARC, si esta tasa se mantiene en los próximos 5 años, al menos otros 15 mil niños enfrentarán estas amenazas para reunirse con sus madres y padres detenidos y deportados. Estos niños enfrentan barreras para juntarse con sus familias.

Sin embargo, no hay una estructura de atención en México para los connacionales deportados –muchos de ellos tenían 10, 15 o 20 años residiendo en EEUU– y tampoco un esquema de apoyo jurídico para que las madres puedan recuperar a sus hijos nacidos del otro lado de la frontera.

En EEUU se han tomado algunas medidas al respecto; el pasado 23 de agosto se instruyó a los agentes migratorios a proteger los derechos de comunicación y participación con las agencias del bienestar de la infancia e instruir a los juzgados familiares para que privilegien la unión familiar por encima del estatus migratorio de los padres.

Incluso se permitirá a quienes serán deportados solicitar un permiso temporal para participar físicamente en las audiencias relacionadas con la pérdida de la patria potestad de sus hijos. Sin embargo, esta medida no establece ninguna alternativa de regularización migratoria.