Gobierno se querella contra Arizona por su ley anti-inmigrante

 El Departamento de Justicia demandó el martes 6 de julio al estado de Arizona por su nueva ley SB 1070 anti-inmigrante y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.

Los abogados del gobierno argumentaron que la norma viola la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.

La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.

En su demanda, el gobierno alertó de que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal".

Además, obligará al gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.

Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará "la seguridad de todo el país", destacó el fiscal general, Eric Holder.

La acción legal se añade a otras 5 demandas contra la nueva ley, presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado la ley como "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.

Los grupos de defensa de los derechos civiles mantienen que la norma dará poder a los agentes para arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y hará que los inmigrantes no colaboren con la policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas presentadas hasta ahora porque se basan en "suposiciones" y en casos de discriminación que no han ocurrido.

En Arizona residen unos 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

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