EL HORROR DE LAS NIÑAS VIOLADAS EN ECUADOR

EN 2020, 1.631 NIÑAS DE 10 A 14 AÑOS PARIERON EN ECUADOR, CUATRO POR DÍA

El fallo de la Corte Constitucional ecuatoriana de abril que abre la puerta a la interrupción del embarazo de todas las mujeres víctimas de una violación, recordó al país andino el infierno de niñas y adolescentes que pasan por ello, muchas veces a manos de sus propios padres, tíos, hermanos, abuelos, padrastros, especialmente en las zonas rurales y marginales.

El 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador con casi 18 millones de habitantes (50% de mujeres), decidió despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando las víctimas eran mujeres con discapacidad mental, como hasta entonces recogía el Código Penal.

El fallo generó el enfrentamiento entre defensores y detractores de la despenalización que ha tenido lugar en los últimos años en otros países de América Latina.

La abogada Ana Vera de Surkuna, una organización de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, indica que las niñas “tienen una falta de información tan brutal que no saben que su cuerpo va a cambiar, entonces no se dan cuenta hasta que el embarazo está muy avanzado”.

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres reveló en 2019 que 65 de cada 100 mujeres han sufrido alguna clase de violencia en Ecuador.

de Ecuador.

Un 32,7% ha sido víctima de violencia sexual, aunque Ana Vera considera que existe “un subregistro brutal” de estas agresiones, debido al estigma de denunciar y a la precaria respuesta del sistema de Justicia.

Cuando el violador es el hombre de la casa, las víctimas tampoco denuncian porque el agresor suele ser la única fuente de ingresos del hogar. A veces tampoco se les cree por ser niñas, a veces no se les quiere creer.

Para hacerse una idea de cuántas menores son víctimas de agresión sexual, Ana Acosta, autora del reportaje “Las niñas invisibles de Ecuador”, recomienda fijarse en el registro de nacimiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). “Como tiene registrados los partos de niños vivos por edad de la madre, y como cualquier relación sexual en menores de 14 es considerada violación por el código penal, entonces no hay por dónde perderse.

En 2020, 1.631 niñas de 10 a 14 años parieron en Ecuador, cuatro por día. La cifra no comprende las que no quedaron embarazadas, las que abortaron o las que tuvieron complicaciones obstétricas que les impidieron dar a luz.

Además, debido a la crisis económica, el gobierno de Lenín Moreno retiró todos los fondos del plan de prevención del embarazo en menores.

Los números de 2021 aún no se conocen.

En Ecuador el incesto se ha estudiado poco debido a que no está tipificado como delito, aunque sí se considera un agravante en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, señala la psicóloga Fernanda Porras en el estudio “Cuerpos que sí importan”.

A partir de la adopción de convenios y tratados internacionales, el Estado ecuatoriano comenzó hace 40 años a tomar medidas para terminar con la violencia de todo tipo contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Se crearon comisarías para la mujer y unidades especializadas en la Fiscalía. En 2007 la erradicación de esta violencia fue considerada, por decreto ejecutivo, una política estatal y, 11 años después, se sancionó una ley orgánica integral.

A pesar de esto, en 2016 la Fundación Desafío, una de las organizaciones que promovió la acción que culminó con el fallo de la Corte Constitucional, informó que Ecuador ocupaba el segundo lugar en la región (después de Venezuela) donde la tasa específica de fecundidad adolescente no había disminuido en los últimos años.

Pero mientras las instituciones debaten en Quito, la abogada Ana Vera ve otra realidad, desconocida por el Estado, en los sectores rurales y amazónicos, donde es difícil hasta presentar una denuncia por violación, en parte porque no hay fiscalías, y en muchos casos porque de hacerlo la comunidad se vuelve contra la denunciante.

Y las diferencias entre campo y ciudad no solo se hacen presentes en el inicio del embarazo de las menores, sino también en el final. Los centros de salud de zonas rurales no suelen tener capacidad para hacer cesáreas, el método recomendado para estos partos debido al tamaño del cuerpo de las madres.

Tras el fallo de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de agresión sexual. 

 

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