CORTE SUPREMA DICTAMINÓ QUE EL PRESIDENTE DEBE ENTREGAR SUS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A UN GRAN JURADO DE NUEVA YORK 
“NINGÚN CIUDADANO, NI SIQUIERA EL PRESIDENTE, ESTÁ POR ENCIMA DEL DEBER COMÚN DE PRESENTAR PRUEBAS CUANDO SE LE SOLICITA EN UN PROCESO PENAL”
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La Corte Suprema ordenó a Donald Trump el jueves 9, que entregue sus documentos financieros y declaraciones de impuestos a pesar de que el presidente ha afirmado repetidamente que él está por encima de la ley cuando se trata de citaciones judiciales. 

En la decisión, la Corte devolvió el caso a un tribunal inferior. Eso significa que tomará un tiempo para que cualquier cambio y esto podría convertirse en un gran problema para Trump después que deje el cargo.

El fallo es un golpe para el mandatario que se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.

La Corte dictaminó que el presidente debe entregar las declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York que lo investiga, pero consideró que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aún no puede acceder a esos documentos. 

En el caso de Nueva York, 7 de los 9 magistrados del alto tribunal fallaron en contra de Trump, incluidos Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, a los que él mismo nominó. 

La sentencia rechazó la idea de que Trump tiene una inmunidad absoluta frente investigaciones criminales mientras esté en el cargo, lo que va en contra de lo que habían argumentado los abogados del Departamento de Justicia. 

“Hace 200 años, un gran jurista de nuestra corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, dictaminó el tribunal, que añadió: “Reafirmamos ese principio hoy”. 

El presidente clamó en Twitter que el caso por su declaración de impuestos es un “enjuiciamiento político ¡No es justo ni para esta Presidencia ni Administración!».

La Corte Suprema falló sobre dos casos de registros financieros e impuestos de Donald Trump que solicitan un fiscal de Nueva York y tres comités del Congreso.

En el primer caso, Trump vs. Vance, la Corte Suprema determinó que Trump debe entregar sus registros financieros, incluyendo sus declaraciones de impuestos, de las ganancias personales y corporativas del presidente relativas a los últimos 8 años a un fiscal de Nueva York para adelantar investigaciones sobre negocios del mandatario de su época de empresario inmobiliario.

Ese caso se remonta a agosto del año pasado, cuando la Fiscalía de Manhattan en Nueva York requirió a Mazars, la firma que gestiona la contabilidad del presidente y de la Organización Trump, que le entregara las declaraciones de impuestos como parte de una investigación que se centra en si la Organización Trump falsificó registros comerciales para ocultar pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy, Karen McDougal, a fin de que no revelaran las relaciones extramaritales que tuvieron con el mandatario hace varios años.

En el segundo caso, Trump vs. Mazars, comités del Congreso también pedían acceder a los registros financieros del presidente, la Corte anuló decisiones de tribunales inferiores y envió el caso a reconsideración, porque juzga que no se tomó en consideración el delicado tema de la separación de poderes.

En este caso, son tres comités de la Cámara Baja que investigan diferentes aspectos de posibles delitos por parte del presidente.

El comité de Supervisión y Reformas de la Cámara de Representantes tiene abierta una investigación sobre un pago realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre un supuesto amorío con el mandatario en 2006 y otra acerca de si Trump infló el valor de sus activos en sus declaraciones de impuestos con el fin de obtener préstamos.

Además, otros dos Comités, el de Inteligencia y el de Servicios Financieros, también han pedido que se le entreguen las declaraciones de impuestos del presidente y de sus compañías pues consideran que, durante sus años como empresario, Trump infló el valor de sus bienes y que puede haber algún caso de conflicto de interés con las labores presidenciales.

Los abogados de la Cámara de Representantes sostienen que el Congreso tiene la autoridad necesaria para exigir los registros, tanto para supervisarlos como para determinar si se necesitan nuevas leyes de ética presidencial y de divulgación de información financiera. Pero la Casa Blanca se negó a colaborar afirmando que se trata de “acoso político” y que la Cámara de Representantes no necesita esa información para desarrollar su labor legislativa.

Sin embargo, todavía no está claro cómo se efectuará la entrega de los documentos y si ocurrirá antes de las elecciones de noviembre, en las que Trump opta a la reelección. 

 

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