DOS NUEVAS LEYES DE ARKANSAS BENEFICIAN A LOS JÓVENES DACA
PERO OTRA REPRIME “CIUDADES SANTUARIO”
Por Michel Leidermann
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Por Michel Leidermann 

El pasado martes 16 en las instalaciones de la iglesia Mosaico de Little Rock, se realizó una reunión informativa para la comunidad latina, relativa a dos recientes leyes de Arkansas que favorecen a los jóvenes DACA y que fueron aprobadas por la legislatura estatal de mayoría republicana y promulgada por el también republicano gobernador Asa Hutchinson.

Mireya Reith, directora de la coalición Arkansas United, junto a varios líderes de esa organización explicaron a una nutrida asistencia de cerca de 300 personas, el significado de las dos leyes.

La ley 837, propuesto por la Representante demócrata Megan Godfrey, Springdale, permite a jóvenes DACA graduados de una facultad de enfermería y que pasan el examen nacional, obtener su licencia y luego ejercer la profesión en Arkansas.

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La ley 844, presentado por el Representante republicano Dan Douglas, Bentonville, aprueba que los jóvenes DACA graduados de una escuela secundaria de Arkansas y que hayan vivido en el Estado por al menos 3 años, paguen la matricula (colegiatura) universitaria como residentes de Arkansas y no como estudiantes extranjeros que, en promedio, es doblemente más cara.

Reith agradeció el apoyo de toda la comunidad, que respondió al llamado de Arkansas United, de llamar a los legisladores apoyando la aprobación de ambas leyes y su asistencia a las discusiones preliminares y las discusiones en comités y plenarios, como así también a la firma del gobernador.

Reith hizo hincapié que esto fue un gran triunfo para la comunidad inmigrante a pesar del sentimiento antinmigrante que abunda entre los legisladores republicanos. Asimismo, dijo que estas dos leyes sientan un precedente para la próxima sesión legislativa en 2021, cuando se presentarán y discutirán dos nuevos proyectos de ley. Uno semejante a la ley 837 para permitir a jóvenes DACA obtener sus licencias como maestros en Arkansas y otra para para dar licencias de conducir a inmigrantes en una medida para dar mayor seguridad en las vías publicas cuando los solicitantes tendrán que aprobar los exámenes escrito y de manejo. Esta ultima propuesta está basada en leyes que ya son vigentes en otros estados (entre ellos California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Nuevo México, Nevada, Utah, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia y Puerto Rico).

Por otra parte, Reith pidió todos los inmigrantes no entrar en pánico ante la firma de la ley 1076 (anteriormente proyecto de ley SB411) contra la condición de “ciudad santuario” y aprobado por los legisladores el último día de la sesión legislativa 2019. Bajo esta ley 1076, a las municipalidades no se les permite decretar ordenanzas que interfirieran con la aplicación de la ley federal de inmigración o que de otra forma protejan a las personas que están ilegalmente en el país. De no cumplir con las condiciones de la ley, las ciudades santuario no recibirían subsidios federales y/o estatales.

Además, no pueden impedir que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley, pregunten sobre la ciudadanía o el estado migratorio de las personas que detienen, ni pedir a los funcionarios federales de inmigración que obtengan una orden judicial o demuestren algo más que una causa probable, antes de que un sospechoso quede bajo custodia federal.

El gobernador Asa Hutchinson, dijo tener preocupación de que una disposición dentro de la ley 1076, podría conducir más perfilamiento racial pero que igual la apoyaría. Hutchinson dijo que había recibido garantías del patrocinador de la ley, el senador republicano Gary Stubblefield, de que la ley podría ser modificada en la sesión legislativa de 2021, de ser necesario, para evitar complicaciones judiciales sobre la legitimidad de la ley o el abuso en perfilamientos raciales.

La tarjeta de identificación municipal en Little Rock podría ser cuestionadas bajo esta ley y las subvenciones estatales y federales a las municipalidades podrían ser cortadas si el procurador general de Arkansas decide que las políticas municipales violan esta ley.

Reith explicó que la vigencia de ley no entra en efecto hasta el 1 de enero de 2020 para cuando tendrán que redactarse y aprobarse primero, las reglas y regulaciones para su aplicación lo que aún no está claro. Por lo tanto, agrega, la comunidad inmigrante no debe entrar en pánico anticipadamente, pero si mantenerse al día y participar en todas las futuras acciones de la comunidad, para tratar de detener su aplicación en 2020.

En 2018 dos dictámenes diferentes en California y Nueva York, decidieron que la administración Trump no podía retener los fondos federales para castigar las ciudades santuario que limitan su cooperación con los agentes federales de inmigración. 

Se anticipa que la American Civil Liberties Union (ACLU) y Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) interpongan sendas demandas judiciales contra la ley 1076 cuestionando su inconstitucionalidad. 

 

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