CORTE SUPREMA DECIDIRÁ SI EL CENSO DE 2020 PUEDE INCLUIR UNA PREGUNTA SOBRE CIUDADANÍA
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La Corte Suprema anunció que estudiará de manera expedita si el gobierno del presidente Donald Trump puede incluir o no una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo del año 2020. Los críticos sostienen que la medida hará que residentes legales e indocumentados no completen el formulario y por tanto la exactitud de los datos del censo se vea comprometida a la hora de repartir fondos federales.

El pasado mes de marzo, el Departamento de Comercio, anunció que se había “determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos”, lo que permitiría establecer el número de personas con derecho al voto subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que la inclusión de esta pregunta llevará a los indocumentados o residentes legales permanentes con lazos con personas sin documentos a no cumplimentar el censo, lo que falseará los datos.

A mediados de enero, un juez bloqueó federal la pregunta. Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda presentada por varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses.

Según el juez, la decisión del Departamento violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que debe ser invalidada. “Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”, señaló el juez Jesse Furman del Distrito Sur de Nueva York en su opinión.

La polémica podría empeorar el problema del censo de 2010, en el que analistas estiman que unos 775,000 latinos no fueron contabilizados.

El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de $675,000 millones de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.

Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década. El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.

El presidente Trump ha expresado en múltiples ocasiones su convencimiento de que en el país el sistema permite un “fraude masivo de votos”, aunque nunca ha presentado pruebas. De hecho, montó una comisión para estudiar dichos votos ilegales, pero la cerró sin ningún resultado ni datos que avalaran su teoría. 

 

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