La trágica y evitable muerte de una inocente niña de 7 años no debería ser considerada un error cometido en un sistema humano, sino en uno deliberadamente cruel y deshumanizado donde ha tenido lugar otra muerte.

Los centros de retención del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), conocidos coloquialmente como “hieleras”, son lugares miserables. Temperaturas congelantes, sin camas, sin luces, sin duchas, sin suficientes baños o papel sanitario, en pésimas condiciones, olor horrible y dirigido por agentes abusivos y groseros. Trabajadores de esos lugares han informado que la mayoría de quienes pasan por esas instalaciones del CBP salen aturdidos, enfermos y hambrientos. 

Durante años, el CBP se ha enfrentado con la llegada de centroamericanos en busca de asilo. Asimismo, ha sido confrontado por años mediante reportes y demandas en relación con las condiciones inhumanas que imperan ahí. Y también durante años, el CBP y el Departamento de Servicios Humanos (DHS) nada han hecho sino perpetuar las condiciones tan deshumanizantes, que, si fueran visitadas por estadounidenses en otro país, denunciaríamos como tortura.

Esto es parte integrante de los esfuerzos del DHS por disuadir a quienes llegan a EE.UU. en busca de refugio. La estrategia de Trump tiene muchos componentes: decir a quienes quieran asilo, que lo soliciten en los puertos de entrada, mientras hacen casi imposible pedirlo; enjuiciar por “entrada ilegal” a quienes se presentan ante los agentes de la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada; separar familias en grandes cantidades (acción que está detenida ahora por un juez federal) y pequeñas (con base al pretexto de proteger a los niños de “familiares delincuentes”); detener tanto como sea posible a quienes busquen asilo; detener a menores que llegan no acompañados y asustar a sus padres y familiares que viven acá que quieren patrocinarlos, amenazándolos con ser arrestados y detenidos; y destrozar el estándar de asilo al cambiar unilateralmente las bases para decidir casos, presionando a los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes de asilo para reducir sus altos niveles de casos de centroamericanos, que tienen un temor creíble de regresar a sus países, así como intimidar a los jueces para que nieguen casos cuando finalmente son juzgados.

La muerte de una niña de 7 años debido a la falta de atención de salud, agua y comida ocurrió en este contexto. Es el predecible resultado del sistema del DHS destinado a negar y deshumanizar a refugiados y migrantes que claman por la misericordia de una nación que alguna vez ofreció refugio a quienes huían de la violencia.

¿Será esta la muerte que nos lleve a una exhaustiva investigación y a una verdadera rendición de cuentas?