INDOCUMENTADOS CASADOS CON CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES NO ESTÁN A SALVO DE LA DEPORTACIÓN
QUEDA CLARO QUE NO HAY NADIE A SALVO BAJO LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP 
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ICE acelera la persecución y captura de un grupo particular de inmigrantes: indocumentados con orden de deportación que están casados con ciudadanos estadounidenses.

Varios casos en los últimos meses han dejado claro que los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y quienes tenga una orden de deportación ya no están a salvo, a pesar de la vigencia del amparo migratorio 601A decretado por Barack Obama en 2013.

El amparo se trata del perdón 601A que permite a estos inmigrantes la posibilidad de salir del país sin el riesgo de que les aplique la denominada “Ley del Castigo”, asistir a una cita en el consulado estadounidense en su país de origen, recibir una visa de inmigrante y así regresar para solicitar la “Green Card”.

Sin embargo, las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump parecen no dar ningún respiro a aquellos que hayan estado en el país de forma ilegal.

Uno de los casos más sonados es el de la detención de la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, ocurrida el 30 de enero en Rhode Island. Su esposo Luís Gordillo, un ciudadano estadounidense introdujo una solicitud I-130 a nombre de la inmigrante guatemalteca bajo el amparo de perdón 601A, el cual incluye no solo a cónyuges sino a hijos y padres de ciudadanos estadounidense.

La mujer sin un récord criminal y sin ningún tipo de condena tenía una orden de deportación final. Así que cuando asistió para tramitar su “Green Card” le dijeron que creían que su matrimonio era legítimo, por lo que su solicitud era autorizada.

Sin embargo, cuando la pareja estaba a punto de irse, le dijeron que los agentes “La Migra” querían hablar con ella, luego fue esposada y llevada a un centro de custodia federal.

Casos como el de Calderón se suman a otros que ha llevado una demanda colectiva por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que acusa al gobierno de realizar indebidamente detenciones de inmigrantes durante sus entrevistas cuando asisten a la cita para obtener su residencia legal permanente

Un informe del Center for Immigration Studies reveló que las órdenes de deportación final no ejecutadas hasta marzo de 2017 eran 953,506, un aumento del 58% desde 2002. 

 

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