AUTORIDADES MEXICANAS POR AHORA INCAPACES DE ADAPTARSE AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
UN 60% DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA ESTÁ ACUSADA DE DELITOS NO VIOLENTOS Y EN MUCHOS CASOS SE LES DICTAN PENAS DE TRES AÑOS DE CÁRCEL. CULPAR AL MODELO ACUSATORIO DEL AUMENTO DE LA VIOLENCIA ES EVIDENCIA QUE LOS GOBERNANTES NO HAN SABIDO APLICAR CORRECTA
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México inauguró su sistema de justicia penal acusatorio cambiando las reglas: de culpable a inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Desde mediados del año pasado cuando comenzó a aplicarse en todo el país el nuevo sistema de justicia penal que privilegia la presunción de inocencia, unos 20.055 presos han dejado las cárceles. En algunos Estados los gobernantes han señalado que el aumento de la violencia se debe a esta liberación de reos. 

Sin embargo, especialistas en el tema penal aseguran que esto es mentira y es una excusa de los gobernantes que no realizan indagatorias sólidas y no hacen correctamente su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Antes de que entrara en vigor el nuevo sistema acusatorio, la prisión preventiva —el método de encarcelar a las personas mientras se demuestra si son culpables o inocentes— era usada de manera irracional y excesiva. Especialistas en el tema y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las cárceles están llenas de personas sin sentencia y que cometieron delitos menores como robos. Un 60% de la población penitenciaria está acusada de ilícitos no violentos y en muchos casos se les dictan penas de tres años de cárcel, señalan las estadísticas de los expertos.

La reforma penal busca cambiar el sombrío panorama. Con las modificaciones legislativas ahora se garantiza que los inculpados de algún delito, sean tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, les permite acogerse a medidas cautelares para seguir su proceso en libertad cuando se trate de ilícitos no graves, disminuyendo así el uso de la prisión preventiva que, a diferencia de antes, ahora se usa exclusivamente para delitos graves como secuestro, delincuencia organizada y homicidio doloso, entre otros.

Karen Silva, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), explica que con el antiguo sistema las instituciones estaban saturadas y no podían hacer investigaciones sólidas, lo que se traducía en altos niveles de impunidad. “Los índices de tortura se fueron para arriba porque las autoridades no sabían investigar y tenían que encontrar nuevos métodos para obtener pruebas. Entonces a las personas acusadas de delitos se les estaban violentando sus derechos y las víctimas tenían una respuesta negativa”, menciona.

Las cárceles tenían niveles de población en promedio del 120% y en algunos casos de hasta el 400%. Ahora que el nuevo sistema comienza paulatinamente a despresurizar las prisiones, los gobernantes han dicho que estas personas salen a delinquir aumentando los índices delictivos.

El Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer a mediados de marzo que la Ciudad de México registró el año pasado la cifra de homicidios dolosos más alta en las últimas dos décadas. Otros delitos como el robo a negocio, a casa habitación y a transeúnte también tuvieron un repunte. Además, la delegación Cuauhtémoc --una zona que abarca el centro histórico y los barrios de moda en la capital-- fue la que concentró el mayor número de casos de extorsión, asaltos y robo con violencia, de acuerdo a los datos difundidos por la organización especializada en temas de seguridad.

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, culpó al sistema de justicia penal del incremento delictivo. “Hay un incremento que obedece a que tenemos muchas personas que antes estaban en prisión, ese es un factor que tiene que analizar”, declaró a medios locales. Según sus cifras, el nuevo modelo acusatorio había permitido que 12.000 presos dejaran las cárceles de la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad han sido liberados 7.177 reos. En junio de 2016, la población penitenciaria era de 34.501, mientras que en enero de este año fue de 27.324.

“El sistema no es el problema, el problema es la falta de capacidad de las instituciones, tanto para proveer de seguridad, como para llevar cabo investigaciones sólidas de los delitos”, expresa Silva. “Las instituciones no saben investigar correctamente los casos de homicidios y secuestros y se les caen esas indagatorias. Los casos que concluyen regularmente son los relacionados a delitos menores”.

 “Es muy irracional decir eso (en referencia a las declaraciones de Mancera), cuando la mayoría de la población penitenciaria está por robo u otro delito menor, como narcomenudeo o posesión de drogas. Es decir, delitos de menor impacto que no implican violencia”, destaca. “Muchas autoridades que tienen mal capacitados a sus funcionarios o son impotentes ante el tema de la delincuencia usan este tipo de argumentos”, concluye Silva. 

 

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