SIN LADRILLOS NI CEMENTO YA COMENZARON EL FAMOSO MURO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
OJO CON LOS DETALLES EN LETRA PEQUEÑA DE LAS ÓRDENES MIGRATORIAS DE TRUMP
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Las nuevas órdenes migratorias de Trump ya han comenzado a dar forma a un agresivo plan destinado a acelerar la deportación de inmigrantes y que en su letra pequeña incluye arbitrariedad, inexactitud e incluso un potencial riesgo para la seguridad del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política migratoria, publicó recientemente dos documentos sobre cómo las fuerzas del orden deben interpretar las órdenes ejecutivas que firmó Trump el pasado 25 de enero, para acelerar las deportaciones y construir un muro entre México y Estados Unidos.

Los analistas coinciden en que las nuevas directivas confieren un gran poder a las fuerzas del orden, que ahora podrán pedir documentos, detener y deportar casi a cualquier indocumentado.

Aunque el plan es muy agresivo con los inmigrantes, los expertos advierten de que Trump por sí solo no podrá sacar adelante algunas de las medidas porque necesita la colaboración del Gobierno de México y la aprobación de nuevas partidas de gasto por parte del Congreso para, por ejemplo, contratar a 15.000 nuevos agentes de frontera y de la migra.

Expertos creen que el aspecto más preocupante del plan migratorio de Trump es que borra la categoría de “prioridades de deportación” y pone al mismo nivel a los 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en el país. Las directivas harán el sistema de autorización de visas menos preciso, el sistema de detención de inmigrantes será más peligroso y, en general, el sistema migratorio será más arbitrario e inhumano.

Durante los dos últimos años del presidente Barack Obama, las deportaciones se dirigieron contra aquellos condenados por delitos graves y no contra los indocumentados que viven en el país desde hace décadas, y que contribuyen a la economía y tienen, por ejemplo, hijos con nacionalidad estadounidense.

Bajo las nuevas reglas, las autoridades pueden deportar a cualquiera que haya cometido un delito menor, por ejemplo, por pasarse una luz roja o exceder un límite de velocidad. Los agentes podrán deportar a cualquiera que sea un “riesgo para la seguridad nacional” o que haya “abusado” de cualquier programa de subsidios sociales.

En las nuevas directivas migratorias, también se incluye la posibilidad de presentar cargos criminales o expulsar a los padres que paguen a un coyote (traficante de personas) para que ayude a sus hijos a cruzar la frontera de Estados Unidos desde sus países de origen, especialmente, en Centroamérica.

Otra de las ideas más polémicas de EEUU es la expulsión a Mexico, de los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano y comparezcan ante las cortes estadounidenses por teleconferencia, una idea que ya ha rechazado el Gobierno mexicano.

En sus nuevas normas, además, el Ejecutivo resucita los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias, una propuesta que ya se topó con el rechazo frontal de unas 300 “ciudades santuario” y donde las autoridades protegen a los inmigrantes de la deportación.

El rechazo a las ideas de Trump también ha surgido porque algunos de los puntos de las nuevas directivas podrían ser ilegales, por ejemplo, la posibilidad de que se vulnere el derecho a la defensa de los inmigrantes sometidos a las llamadas “expulsiones aceleradas”, aquellas en las que los inmigrantes son deportados sin comparecer ante un juez.

El Gobierno de Bush estableció que podían ser deportados de manera rápida aquellos que habían llegado en los últimos 14 días y se encontraban a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera. Ahora, Trump permite deportar a aquellos que no puedan probar que han residido en el país durante los últimos dos años. 

En opinión de algunos, las nuevas normas de Trump han servido para comenzar el famoso muro entre México y Estados Unidos, sin ladrillos ni cemento, pero con una “aterradora” expansión del poder de las fuerzas encargadas de aplicar las leyes migratorias 

 

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