La presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Migración, Dana Leigh Marks, descartó que los procesos legales de miles de niños inmigrantes centroamericanos se presten a trámites rápidos como desea la Casa Blanca y el Congreso estadounidense.

Marks mantuvo que el proceso legal de los menores implica retos de lenguaje y culturales que dificultan soluciones expeditas en la evaluación de casos individuales y hacen más probable que avancen lentamente más que rápidamente.

Más de 60 mil menores sin acompañantes han sido detenidos en la frontera estadunidense desde el inicio del año fiscal 2014, en octubre 2013, en adición a otros 60 mil que viajan con familiares adultos.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) reportó que las detenciones de niños sin acompañantes bajaron casi un 50 % en julio a 5,508, frente a los más de 10 mil en junio pero aún subsisten miles de casos en trámite en las cortes estadunidenses.

Bajo la ley de tráfico de personas del 2008, los menores detenidos que proceden de países distintos a México, tienen derecho a un proceso legal que incluye la revisión de sus casos por jueces migratorios.

Stephen Manning de la Asociación Americana de Abogados Migratorios (AILA), señaló que la meta “es que los menores puedan conectarse con familiares que están viviendo aquí y no sólo que sean apresurados a subirse en un avión de vuelta a sus países a enfrentar peligros seguros”.

La administración del presidente Barack Obama pidió al inicio de la crisis migratoria que el Congreso autorice facultades especiales al DHS para acelerar las deportaciones de menores, pero su propuesta fue recibida fríamente por legisladores.