El Senado Nacional rechaza plan para ayudar a propietarios en bancarrota
El Senado rechazó la emana pasada un plan para ayudar a muchos estadounidenses a conseguir mejores condiciones para sus préstamos hipotecarios e impedir que pierdan sus viviendas en procesos judiciales llevados a través de tribunales de quiebra.
La iniciativa fue rechazada por 58 votos a favor y 36 en contra, en el primer día de un debate sobre un proyecto general para aliviar la crisis desatada en el mercado inmobiliario estadounidense.
La medida, a la que se oponían los bancos y sus aliados en el Partido Republicano, así como varios demócratas, habría dado a los jueces facultades para reducir las tasas de interés en hipotecas morosas.
Según el senador Dick Durbin, que promovió el plan, el objetivo era permitir que muchos propietarios que recibieron préstamos con tasas de interés variable, pudieran ajustarlos en la medida de sus condiciones económicas.
Sin embargo, los republicanos, así como 10 demócratas y un independiente, decidieron eliminar esa cláusula en el proyecto general porque señalaron que la propuesta habría perjudicado a las empresas financieras en su objetivo de reducir las tasas de interés y ello habría significado un problema más en el mercado inmobiliario.
El líder del Senado, el demócrata Harry Reid, anunció el miércoles 2 que se había llegado a un acuerdo sobre el proyecto de ley que busca aliviar la crisis.
"Los senadores demócratas y republicanos han alcanzado un principio de acuerdo para fortalecer la economía, al atender la crisis nacional de ejecuciones de hipotecas", dijo Reid.
El paquete de medidas atiende los principales factores de la crisis, como el ablandamiento de las ejecuciones de hipotecas, asesoramiento hipotecario, la modernización de la Agencia Federal de la Vivienda (FHA) y devoluciones fiscales, entre otras iniciativas.
El plan contiene, según los primeros datos hechos públicos, una dotación de $4,000 millones en subvenciones para los gobiernos locales para comprar y reformar casas embargadas.
También concede a los estados poderes para emitir bonos, con el fin de que puedan refinanciar hipotecas de alto riesgo y una devolución fiscal de $7,000 para personas que compren nuevas casas o propiedades embargadas.
La iniciativa incluye, además, una provisión que permitirá a las constructoras y otros negocios con pérdidas exigir la devolución de impuestos por un máximo de cuatro años.
Actualmente, la ley permite reclamar la devolución de impuestos de hasta dos años.
En total, los beneficios fiscales contenidos en el proyecto de ley supondrían un costo de $10.800 millones para las arcas federales y estatales en la próxima década.
El programa establece, asimismo, nuevas reglas de mercado para que las personas que solicitan créditos no sean engañados por agentes que gestionan hipotecas y destina financiación a aquellas personas que necesitan asesoramiento hipotecario para no perder sus viviendas.
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