La nueva piedra de la discordia en México tiene un nombre llamativo y un estatus legal poco claro: “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica”. 

La guía presentada por el gobierno de AMLO, toca la delicada disyuntiva sobre a qué pacientes se le asignarán ventiladores respiratorios en caso de sobrecarga hospitalaria. El documento de 13 páginas fue redactado por el Consejo de Salubridad General de México, que depende del presidente.

Se trata principalmente de comparar dos preguntas en un sistema de puntos. Una es la posibilidad de supervivencia del paciente y la otra es la esperanza de vida. Cuanto de mayor edad sea el paciente y más enfermedades previas registre, mayor será la puntuación y menor la posibilidad de usar un ventilador respiratorio. 

Las mujeres embarazadas tienen favorabilidad porque hay dos vidas que salvar. 

El personal médico tiene prioridad absoluta sobre todos lo demás, siempre que esté directamente involucrado en la lucha contra la pandemia. 

No se tienen en cuenta la religión, la situación económica, la nacionalidad, el sexo, la discapacidad, las opiniones políticas, el momento de llegada o si el paciente está asegurado o no. 

Según la página 9 del documento, en el caso de igualdad de puntos, el azar es el factor decisivo. En otras palabras: sobrevivir depende de cara o cruz.

Las reacciones no tardaron en llegar. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el propio médico Enrique Graue, que también es miembro del Consejo de Salubridad, se distanció inmediatamente del documento. El comité, integrado en su mayoría por funcionarios del Gobierno, está encabezado por el ministro de Salud Jorge Alcocer.

Según cifras oficiales, el sistema de salud pública de México cuenta con 6.175 ventiladores y 4.291 camas de cuidados intensivos, y el sector privado quiere liberar 3.000 más. En las próximas semanas, hasta 10.500 pacientes de COVID-19 podrían requerir cuidados intensivos, según las estimaciones oficiales.

Críticos expresaron su sospecha de que la guía tenga como objetivo principal proteger a los médicos de futuras demandas judiciales. Sin embargo, el documento no tiene membrete oficial y no es legalmente vinculante debido a varias violaciones formales. También supondría decisiones que son responsabilidad exclusiva del poder judicial.

Otra interrogante es qué tan practicables sean las recomendaciones. Para ello se crearán equipos especiales de tres personas, que también decidirán sobre la objeción de los familiares. Aun así, el sistema de salud de México ya está a punto de colapsar y más de 300 médicos y enfermeras han sido contagiados con COVID-19.

Para la imagen de AMLO, la guía es otro golpe. AMLO lleva semanas anunciando que México está bien preparado para la pandemia y que los ancianos son una prioridad de su Gobierno. 

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró a periodistas que estas directrices éticas no son nada nuevo; solo se han adaptado a la pandemia de la COVID-19.