POSIBLE IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LAS PRESIDENCIALES DE EE.UU.
PLANTEA LA CUESTIÓN DE SI LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁN EN OTRA FECHA MÁS TARDE
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La pandemia de coronavirus está poniendo en jaque gran parte de la economía estadounidense, pero también está causando estragos en el proceso democrático en un año electoral.

Las votaciones primarias han sido retrasadas o interrumpidas, con centros de votación cerrados y procesos de voto por correo puestos en tela de juicio.

Los políticos están inmersos en luchas contenciosas sobre el proceso electoral en las legislaturas estatales y en los tribunales.

En noviembre 34 de este año, los votantes tienen previsto ir a las urnas para elegir al próximo presidente, a gran parte del congreso y a miles de candidatos de gobiernos estatales.

Pero la pregunta sobre cómo será el día de las elecciones -si es que se lleva a cabo según lo previsto- es el principal objeto de debate.

Por ahora, un total de 15 Estados han retrasado sus elecciones primarias presidenciales. La mayoría de ellos las han pospuesto al menos hasta junio.

Eso plantea la cuestión apremiante de si las elecciones presidenciales de noviembre también se celebrarán más tarde.

Según una ley que data de 1845, las presidenciales están programadas para el martes siguiente al primer lunes de noviembre cada cuatro años: es decir, el 3 de noviembre de 2020.

Sería necesario un acto legislativo del Congreso -aprobado por las mayorías en la Cámara de Representantes, dominado por los demócratas, y en el Senado, controlado por los republicanos- para cambiar eso.

Entonces la perspectiva de un consenso legislativo bipartidista que subscriba cualquier demora en las elecciones es muy poco probable.

Es más, incluso aunque el día de votación cambie, la Constitución exige que una administración presidencial dure solo cuatro años. En otras palabras, el primer mandato de Donald Trump expirará a mediodía el 20 de enero de 2021, de una forma o de otra.

Podría estar otros cuatro años si es reelegido. Podría ser reemplazado por el demócrata Joe Biden si es derrotado en las urnas. Pero el reloj ya echó a andar, y posponer la votación no lo detendrá.

Si no se han celebrado las elecciones antes del día de inauguración presidencial programado, el 20 de enero, la línea de sucesión presidencial entra en acción.

En segundo lugar está el vicepresidente Mike Pence, y dado que su mandato también termina ese día, él se encuentra en la misma situación que el presidente.

La siguiente en la fila es la presidenta de la Cámara, que actualmente es la demócrata Nancy Pelosi, pero su mandato de dos años termina a finales de diciembre.

El funcionario de mayor rango elegible para la presidencia en un escenario tan apocalíptico sería el republicano Chuck Grassley, de 86 años, de Iowa, el presidente pro tempore del Senado.

Eso suponiendo que los republicanos todavía controlen el Senado luego de que un tercio de sus 100 escaños hayan sido desocupados por la expiración de sus propios mandatos.

En general, todo esto parece más propio de una novela de suspenso político que de realidad política.

Si bien es improbable un cambio absoluto en la fecha de las elecciones presidenciales, eso no significa que el proceso no esté en riesgo de una interrupción significativa, porque Trump o los gobiernos estatales podrían usar sus poderes de emergencia para reducir drásticamente los lugares de votación en persona lo que haría que probablemente aún menos personas votarían.

En las recientes primarias de Wisconsin, por ejemplo, la preocupación sobre la exposición al virus, junto con la escasez de trabajadores electorales voluntarios y de suministros electorales, llevaron al cierre de 175 de los 180 centros de votación en Milwaukee, la ciudad más grande del estado.

Si se hiciera eso teniendo en cuenta los intereses políticos -tal vez atacando las plazas electorales fuertes de un oponente- podría tener impacto en los resultados de una elección.

Otro contexto todavía más extraordinario, aunque poco probable es que las asambleas legislativas en cada estado, citando preocupaciones sobre el virus, podrían determinar qué candidato gana su estado en las elecciones generales. No hay obligación constitucional de que un estado apoye al candidato presidencial que gane una mayoría de sus votos.

Toda gira en torno al Colegio Electoral, esa institución arcaica en la que cada estado tiene “electores” que votan por el presidente. En condiciones normales, esos electores (casi siempre) apoyan a quien gane el voto popular en sus respectivos estados.

Sin embargo, no tiene que funcionar de esa manera necesariamente. En las elecciones de 1800, por ejemplo, varias asambleas legislativas estatales les dijeron a sus electores a quién votar.

La experiencia reciente en las primarias de Wisconsin podría servir como una advertencia para la interrupción electoral que podría avecinarse, y no solo por las largas colas para votar en persona en las limitadas urnas, atendidas por voluntarios y soldados de la guardia nacional con equipos de protección. Antes del día de las primarias, el gobernador demócrata, Tony Evers, y los republicanos que controlan la asamblea legislativa estatal participaron en arriesgadas batallas legales -una de las cuales finalmente fue decidida por la Corte Suprema - sobre si el gobernador tenía poder legal para posponer la votación hasta junio o extender el plazo de votación por correo.

En una encuesta de opinión reciente realizada por el Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses dijeron que no se sentirían cómodos yendo a un centro de votación durante la actual crisis de salud pública.

Este tipo de preocupaciones han incrementado la presión sobre los estados para ampliar la disponibilidad de boletas de votación por correo para todos los electores  y así minimizar el riesgo de exposición viral.

Si bien cada estado prevé alguna forma de votación remota, los requisitos varían mucho. Cinco estados en el oeste de Estados Unidos, incluidos Washington, Oregón y Colorado, llevan a cabo sus elecciones totalmente por correo. Otros, como California, proporcionan un boleto postal a cualquiera que lo solicite.

Por otra parte, 17 estados requieren que los votantes proporcionen una razón válida por la que no pueden votar en persona para calificar para el voto en ausencia. 

 

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