La audiencia del pasado martes 12 en la que la Corte Suprema escuchó los argumentos en contra y a favor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) nubló el futuro de su alrededor de 700,000 beneficiarios y expuso divisiones casi irreconciliables.

Ya a estas alturas parecería que el presidente Donald Trump tendría toda la autoridad para acabar con el programa. Los abogados de Trump argumentaron que el presidente Barack Obama cometió una “ilegalidad” al firmar en 2012 la orden que protegía de la deportación a estos inmigrantes que llegaron al país durante su infancia.

Trump dice tener la misma autoridad que empleó su antecesor para activar el programa, para cancelarlo la Corte no ha cuestionado dicha competencia del ejecutivo

El abogado presidencial Noel Francisco, argumentó que la administración quería terminar con una “política previa de no cumplimiento por la cual el Departamento de Seguridad Nacional acordó no hacer cumplir INA (Ley de inmigración) contra cientos de miles de extranjeros indocumentados. El letrado añadió que hacer cumplir la ley o no, depende de la “discrecionalidad del presidente” a no ser que algún estatuto de INA lo restrinja, y este no es el caso.

El segundo argumento de la Casa Blanca fue que poner fin a una política “de incumplimiento” ya que, según él, DACA impidió a DHS hacer su trabajo de deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Añadió que esta acción diferida era temporal y que “se podía rescindir en cualquier momento”.

Los abogados que defienden DACA parten de los dictámenes de cortes inferiores y alegan que la cancelación del programa es una medida “arbitraria y caprichosa” de Trump. También expusieron “los beneficios que recibe el país gracias al aporte de estos jóvenes protegidos por DACA”.

El Tribunal Supremo no solo tendría que determinar si el programa es legal o no sino también si la decisión del presidente es justa o injusta. En cualquier caso, la decisión Suprema sentará precedente para otros casos de inmigración.