LA PREGUNTA DE “CIUDADANÍA” EN EL CENSO 2020 PREOCUPA A LATINOS 
LA CORTE SUPREMA ESTÁ DIVIDIDA EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO TRUMP 
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Crece la incertidumbre sobre la decisión final de la Corte Suprema sobre la intención del presidente Donald Trump de incluir la controversial pregunta de si las personas son ciudadanos o no en el próximo censo en 2020, algo que no ocurría desde 1950, y que podría causar una baja participación latina en el cuestionario.

La polémica que se ha levantado en torno al censo, previsto por la Constitución cada 10 años ha llegado a la Corte Suprema.

En marzo de 2018, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, propuso que el cuestionario del censo -que puede responderse por correo, teléfono o en persona y desde 2020, por primera vez, por internet- incluya una pregunta sobre el estatus legal de los habitantes en el país.

La iniciativa encendió de inmediato las alertas de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, así como de fiscales y líderes del opositor Partido Demócrata.

Los estados de California y Nueva York demandaron al Gobierno por la propuesta y en total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta.

Tres jueces federales, incluido Jesse M. Furman, de Nueva York, han bloqueado la iniciativa por considerarla ilegal. Al dar a conocer su sentencia, en enero pasado, el juez Furman advirtió: “Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si se incluye la pregunta sobre ciudadanía”.

Según un estudio de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, al menos 6.5 millones de personas no participarían en el empadronamiento en caso de que se incluya esa pregunta.

Y un estudio de la Universidad de Harvard estimó que unos 4.6 millones de latinos pueden quedarse sin contar si se les consulta sobre su estatus legal o si son o no ciudadanos estadounidenses.

Los datos arrojados por el censo permiten definir la asignación de más de 800,000 millones de dólares de financiamiento federal para programas dirigidos a las familias y las comunidades.

Entre los diez programas federales que usan como base los resultados del censo se encuentran los de salud pública conocidos como Medicaid y Medicare, el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las subvenciones a las agencias locales de educación y los programas de almuerzo escolar, entre otros, según esa organización.

Los datos también permiten determinar dónde se construirán escuelas, carreteras, hospitales, centros de cuidado infantil, asilos para personas de la tercera edad y otros servicios, agrega NALEO.

Un registro incompleto de la población tiene consecuencias políticas, ya que la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros que se reparten proporcionalmente a la población en los 50 estados del país.

Los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker y Maizie Hirono presentaron en marzo de 2018 la Ley Cada Persona Cuenta, que prohibiría a la Oficina del Censo hacer una pregunta sobre ciudadanía o la situación migratoria.

 

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