El gobierno detalló al juez federal, Dana Sabraw, cómo planea implementar un par de órdenes judiciales para la reunificación de los padres separados de sus hijos en la frontera con México y las detenciones familiares en el futuro.

El acuerdo del Departamento de Justicia (DOJ) con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) fue detallado en una presentación judicial en San Diego, California.

A partir de ahora, los padres que cruzan la frontera ilegalmente enfrentarán una dura elección. La primera opción será poder mantener a sus hijos con ellos en los centros de detención. La segunda es dar su consentimiento para quedar en manos de la Oficina de Reubicación de Refugiados, sin sus hijos.

El juez indicó su disposición a aceptar la propuesta que pondrá fin a una de las preguntas pendientes sobre cómo la administración Trump evitará un retorno total a una política de “captura y liberación” de familias inmigrantes, una práctica que el presidente y otros funcionarios han condenado.

El único problema pendiente es las circunstancias bajo las cuales los padres pueden cambiar de opinión.

“Bajo la ley actual y los fallos legales”, alegaron los abogados del DOJ, “no es posible que el gobierno detenga a las familias durante la tramitación de sus procedimientos migratorios. No se puede”.

De acuerdo a ellos, se debe a un acuerdo de 1997, conocido como “Flores vs. Reno”, y fallos judiciales posteriores, que limitaron la detención de niños inmigrantes a 20 días, por lo que no podían ser detenidos legalmente junto con sus padres, que podrían quedar detenidos por más tiempo.

El gobierno de Obama enfrentó una encrucijada similar con la afluencia de migrantes centroamericanos, pero optó por no separar a los padres de sus hijos, y en su lugar liberó a familias con monitoreo electrónico y fechas de seguimiento en la corte.

La administración Trump optó por la “tolerancia cero” de los cruces fronterizos ilegales, se comprometió a enjuiciar a todos los adultos y luego se llevó por la fuerza a sus hijos.