ESTARÍAN COBRANDO $800 A INMIGRANTES POR EXÁMENES DE “ADN” PARA REUNIFICARLOS CON SUS HIJOS
AUTORIDADES INCAUTARON DOCUMENTOS QUE INDICARÍAN LOS VÍNCULOS FAMILIARES A LA HORA DE SEPARAR A LAS FAMILIAS
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Abogados de inmigración aseguran que el gobierno está cobrando $800 a inmigrantes por exámenes de ADN para reunificarlos con sus hijos.

En medio de la polémica por la fallida reunificación de menores inmigrantes con sus padres, llegan reportes de las trabas que el gobierno de Donald Trump está generando para llevar a cabo la orden de un juez federal para la reunificación de las familias detenidas con sus hijos menores de 5 años que se extendió hasta el 26 de julio.

Ha quedado claro que la administración de Donald Trump no tiene la capacidad ni los métodos logísticos para reunir a las familias una vez que se vieron separadas.

Ahora un reporte reveló que funcionarios del gobierno le han pedido al menos a cuatro mujeres inmigrantes que para recuperar a sus hijos, tendrán que pagar sus propias pruebas de ADN para demostrar que están relacionadas con los menores.

El problema es que el gobierno a la hora de separar a las familias incautó documentos que demostrarían los vínculos familiares, por lo cual la prueba de ADN sería en una solución ante la falta de documentos. Las pruebas de ADN están siendo administradas por un contratista privado en nombre de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la cual supervisa el cuidado y la vivienda de los niños inmigrantes.

HHS respondió afirmando que ofrecen pruebas de ADN sin costo, pero los informes tanto del director del refugio para inmigrantes donde se alojan las mujeres como la de un abogado de inmigración que trabaja con el refugio contradicen las versiones oficiales asegurando que las mujeres deben pagar entre $700 y $800 por dichas pruebas, una cifra exorbitante para inmigrantes que llegan sin dinero en el bolsillo.

En consecuencia, defensores de los derechos de los inmigrantes están pidiendo al gobierno que levante las barreras que hacen prácticamente imposible la reunificación familiar exigida por el juez. 

 

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