La violencia no da tregua en México. El viernes 11 se informó que José Remedios Aguirre, candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Apaseo el Alto, fue asesinado por hombres armados. 

Según la consultora de análisis de riesgo Etellekt, en los últimos 8 meses han sido asesinados 93 políticos, entre ellos 29 aspirantes a candidaturas y seis candidatos registrados. 

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.

Los homicidios y agresiones continúan al alza, especialmente contra los candidatos a cargos locales, pese a que existe un protocolo para garantizar su seguridad, implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación.

Según las cifras dadas a conocer, sumaban 93 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido a este proceso electoral no solo como el que tiene más cargos en disputa (3,400) , sino también como el más violento en la historia de México.

De acuerdo con un informe sobre violencia política publicado en el mes de abril el 69% de las víctimas fueron directamente asesinadas, mientras que 12% fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

El proceso electoral inició formalmente en septiembre de 2017 con los trabajos previos para que cada partido eligiera a sus candidatos. Pero no fue hasta el mes de abril cuando entró el vigor el Protocolo de protección personal para los candidatos.

El protocolo fue acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para asignar seguridad adicional a cualquier candidato que lo solicite, que implica brindar vigilancia y seguridad en el domicilio, traslados y aeropuertos donde se encuentren los candidatos. El acuerdo también incluye seguridad para la familia, si se solicita.

Sin embargo, el programa no contempló a quienes participaron en el proceso como precandidatos, muchos de los cuales en meses pasados fueron violentados o incluso asesinados en su intento por obtener una candidatura.

El protocolo, que ya se había implementado en elecciones federales desde 2006, señala que, si el solicitante es un candidato a la presidencia, contará con seguridad adicional del Estado Mayor presidencial, así como de la Policía Federal. Por su parte, el resto de los aspirantes como aquellos que buscan alguna diputación, contarán solo con la protección de la Policía Federal y autoridades civiles.

“En México lo que está pasando es que las bandas criminales controlan territorios, son espacios de control. Entonces esos atentados son una forma de amedrentar, de garantizar o de rivalizar por el control del territorio”, señalan expertos.

Según el informe, el 66% de los asesinatos contra políticos sucedieron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, que son en los que, en general, presentan mayores índices de violencia.

Esto encendió las alarmas de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Va un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”, denunció el secretario general del organismo, Luis Almagro, el pasado 16 de marzo.