EN EL SALVADOR EL ABORTO ESTÁ PENALIZADO Y EN MUCHOS CASOS EQUIVALE AL HOMICIDIO
LAS MUJERES ACUSADAS DE ABORTAR HAN SIDO SENTENCIADAS HASTA 8 AÑOS, PERO SI UN JUEZ DECIDE QUE EL ABORTO FUE UN “HOMICIDIO AGRAVADO” LA SENTENCIA PUEDE LLEGAR HASTA 50 AÑOS
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Durante la marcha internacional de las mujeres, el 8 de marzo de 2018, cientos de mujeres en San Salvador protestaron para exigir soluciones a la violencia de género y la prohibición del aborto. 

San Salvador es una de las seis naciones de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la salud de la mujer está en riesgo.

 A los 34 años, Maira Verónica Figueroa Marroquín fue liberada de prisión después de cumplir 15 años de su condena por homicidio. En 2003, cuando Maira tenía 19 años, y trabajaba como ama de llaves, quedó embarazada después sufrir una violación; hacia el final de su embarazo tuvo un aborto espontáneo. A principios de marzo, la sentencia de Figueroa se redujo de 30 años a los 15 que ya había pasado en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.

Figueroa Marroquín es la segunda mujer que, acusada de homicidio por sufrir un aborto espontáneo, ha sido liberada. En febrero, Teodora del Carmen Vásquez, sentenciada también a 30 años, salió tras 11 años encarcelada. En 2007, Vásquez estaba trabajando cuando comenzó a sangrar, perdió el conocimiento y dio a luz a un bebé muerto. Cuando Maira fue liberada, el 15 de marzo, 

Entre 2000 y 2014, 147 salvadoreñas fueron procesadas por delitos relacionados con el aborto, de las cuales 49 fueron acusadas: 23 por aborto y 26 por asesinato. En 2018, todavía hay 24 mujeres en prisión en circunstancias similares a las de Teodora y Maira.

El aborto ha sido completamente ilegal en El Salvador en todas las circunstancias desde 1998, bajo el artículo 133 del Código Penal. En la mayoría de los casos, las mujeres acusadas de abortar han sido sentenciadas hasta 8 años, pero si un juez decide que el aborto fue un “homicidio agravado”, se da una sentencia mucho más alta, que puede llegar hasta 50 años.

Las cosas, sin embargo, pueden estar a punto de cambiar. Este año se presentaron dos iniciativas de ley en el Congreso y se ha abierto, por primera vez en 20 años, un debate sobre el aborto. Una de esas iniciativas propone la despenalización del aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina y cuando esté en riesgo la vida de la mujer. También se espera que sean discutidas y aprobadas una ley de educación integral en sexualidad y una ley de salud sexual y reproductiva.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer: hay 8,9 homicidios por cada 100.000 mujeres, la tasa más alta de feminicidios a nivel mundial. A las muertes por violencia de género se suma la muerte por abortos inseguros. 

El Ministerio de Salud de El Salvador estima que casi 20.000 abortos tuvieron lugar entre 2005 y 2008. La Organización Mundial de la Salud señaló que el 11% de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a consecuencia de ello. Con una legislación más flexible se podrían prevenir un número significativo de estas muertes.

Las mujeres con embarazos de alto riesgo están especialmente vulnerables. En la situación actual, las embarazadas que presentan complicaciones a menudo son abandonadas por los hospitales públicos o corren el riesgo de ser denunciadas a la policía por trabajadores del hospital si sufren un aborto espontáneo. Entre enero de 2000 y marzo de 2011, el 57,36% de las mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado fueron reportadas a la policía por personal médico. 

Es el caso de Verónica, una mujer que a los 22 años se embarazó de su segundo hijo sin saberlo. Una mañana, después de un dolor intenso, se desmayó y fue llevada al hospital, en donde perdió a una niña. En la sala de recuperación fue esposada por policías, quienes le informaron que estaba detenida por homicidio; fue sentenciada a treinta años de prisión.

También son vulnerables las mujeres que provienen de entornos económicamente desfavorecidos. Los bajos ingresos dificultan el pago de la atención médica privada y las expone a la denuncia de los trabajadores de los hospitales públicos. 

Violeta Menjívar, ministra de Salud, ha hablado a favor de la despenalización del aborto. “Nosotros, en el Ministerio de Salud, no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo salvar la vida de la mujer en situaciones extremas. Un embarazo que es asociado a un problema de salud requiere flexibilidad”, dijo Menjívar. 

En una encuesta del año pasado, el 79% de los salvadoreños dijo estar a favor de suavizar la prohibición del aborto. Pero aún enfrentan la resistencia de grupos políticos conservadores y organizaciones religiosas

Ser mujer en El Salvador no puede seguir siendo así de peligroso. 

 

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