Inmigrantes residentes perderían mensualidades del Seguro Social
Miles de inmigrantes discapacitados y de la tercera edad que para sobrevivir dependen de un cheque del Seguro Social, se encuentran a un paso de perderla, atrapados entre la exigencia de que deben convertirse en ciudadanos estadounidenses para mantenerla y la lentitud de Inmigración en procesar sus solicitudes de naturalización.
Unas 300 organizaciones de todo el país, enviaron la semana pasada una carta al Congreso urgiéndole a aprobar una legislación que amplíe el plazo proporcionado a los afectados para que se naturalicen.
Un total de 6,000 inmigrantes, han perdido esta asistencia desde que hace 10 años se instauró la obligación de ser ciudadano para recibirla.
La carta enviada al Congreso recuerda que la pérdida de este beneficio significa para muchos de los afectados sufrir ‘’serias privaciones’’ e ‘’indigencia’’ al perder su principal fuente de ingresos.
El origen de la situación se remonta a la reforma del bienestar social de 1996, en la cual se estableció como obligatorio el ser ciudadano para poder recibir la asistencia denominada Supplemental Security Income (SSI, en inglés), que otorga $603 mensuales por individuo y $904 mensuales por pareja.
A los inmigrantes que cumplan los requisitos se les da un plazo de siete años desde que llegan al país para que se hagan ciudadanos y no pierdan el beneficio. Tras ese plazo, si no cuentan con su certificado de naturalización, se les retira la ayuda.
Si se tiene en cuenta que las leyes de naturalización obligan a una estancia como residente legal de cinco años antes de poder solicitar la ciudadanía, los afectados sólo cuentan con un colchón de dos años para tramitar sus solicitudes y conseguir el estatus.
A la espera de que se consiga algún remedio legislativo, abogados de la entidad Legal Services of Greater Miami, que ofrece asistencia legal a personas de bajos recursos, han acudido en una docena de casos al tribunal federal para forzar a Inmigración a que concluya la tramitación de ciudadanías.
En todos los casos, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) terminó juramentando a los demandantes antes de que se celebrara el juicio. Algunos llevaban esperando hasta tres años para que les dijeran si sus solicitudes habían sido aprobadas y los citaran para tomar el juramento, explicó el abogado José F. Fons de Legal Services.
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